
Santa Rita-Rita, lo que se da no se quita
¿Recuerdas que notarios y registadores de la propiedad habían estado cobrando de más en la cancelación de hipotecas, según un estudio que realizó la asociación de consumidores OCU?
De ello hablamos hace algo más de un año y vuelve a ser actualidad porque el Tribunal Supremo ha dado la razón a la denuncia que hizo esta organización, que también aportaba datos: sólo en 2010 notarios y registradores cobraron 93 millones € en las 370.000 cancelaciones hipotecarias que hubo.
Lo denunciaron públicamente, pidieron al Gobierno que hiciera algo y llevaron el caso al Tribunal Supremo. La gente que se enteró se escandalizó mientras el Gobierno de turno, con Zetapé atrincherado como el último emperador, aclaró oficialmente las tarifas que tenían que cobrarnos por liquidar la hipoteca, rebajando un 5% su importe.
Esto, que se aprobó mediante un Real Decreto, no sentó nada bien a los notarios, que a través del Consejo General del Notariado se quejaron al Tribunal Supremo, confiando en que declararía ilegal esta norma.
Pero resulta que no, que ahora el Supremo ha dicho que el Real Decreto aprobado en los últimos días del último Gobierno socialista es legal y se debe aplicar, pero sólo a las cancelaciones de hipotecas que se hicieran antes del 12 de mayo de 2012, cuando el Gobierno sucesor del del PP subió las tarifas de notarios y registradores, lo que la OCU volvió a denunciar, diciendo que ahora tenemos que pagar el triple que antes.
Como contra esto último no se puede hacer nada, la OCU pide que se aplique el Real Decreto que el Supremo ve legal y tanto notarios como registradores devuelvan lo cobrado de más a los que cancelaron su hipoteca entre diciembre de 2007 y el 12 de mayo de 2012.
Para ello habría que revisar una por una las facturas emitidas en esas fechas y, no sé por qué, me parece a mí que a la OCU le va a costar que los estafadores devuelvan el dinero y que los estafados se van a quedar con las ganitas de recuperar los euros que les timaron. Desde luego, mira que es difícil ser consumidor en este país sin resultar consumido.
Y eso que el Supremo cree que el Real Decreto es legal porque el Gobierno rebajó las tarifas alegando la especial situación, o sea crisis, que atravesaba el país en ese momento. Pero es igual, a los pocos meses llegó el Partido Popular, subió al triple los aranceles ¡y todos más contentos que Ronald McDonald!